Mensaje de la Diputada Tania Valentina para la presentación de la iniciativa sobre la regulación de la cirugía plástica en Morelos.

Vivimos tiempos difíciles en que la salud domina la cosa pública, hoy más que nunca, valoramos la importancia de las medidas de prevención para enfrentar cualquier enfermedad que ponga en peligro a la población.

El combate a padecimientos crónicos como la obesidad ha dejado de ser una moda y se entiende como una morbilidad que agrava enfermedades tan nuevas como el Covid-19, por lo que la prevención es parte insustituible de la salud pública.

Por ello, en los últimos años la cirugía plástica, estética y reconstructiva ha dejado de ser una alternativa sanitaria trivial para entrar en la tendencia del concepto de la salud que la OMS ha establecido como bienestar biopsicosocial, de manera que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente porque impacta en el crecimiento de su autoestima e integración social.

En nuestro país, cada año hay más personas que buscan realizarse un procedimiento de cirugía plástica, estética o reconstructiva –hoy podemos afirmar que todos recurrirán a un procedimiento de esa especialidad por lo menos una vez en su vida–, de hecho el 80% son mujeres, por lo que estamos ante un fenómeno sociosanitario con evidente perspectiva de género.

El problema es que ha proliferado la oferta de servicios de ésta especialidad que se practica por médicos que no están certificados y carecen de la pericia para resolver las complicaciones que se pueden presentar, causando mayores riesgos a la salud y la vida, especialmente de las mujeres.

La Ley General de Salud se reformó en 2011 para hacer obligatoria la certificación de las especialidades médicas en su artículo 81 y 272 Bis, y de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en su artículo 272 Bis 1, con ello se busca garantizar que los procedimientos se realizan por especialistas que están constantemente actualizados y capacitados.

En Morelos, por cada cirujano plástico certificado hay 11 no certificados que han causado daños y lesiones a las personas creándose un problema de salud pública porque los daños terminan resolviéndose en el sector público con cargo al erario, y el número de muertes por mala praxis ha llegado a un escandaloso 15% de los pacientes con respecto al universo de cirujanos certificados.

Por ello, debemos garantizar que las autoridades locales tengan facultades para vigilar el ejercicio profesional médico en defensa de la salud pública, la integridad y la vida, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5º de la Constitución de la República para que la cirugía plástica tenga los límites que las disposiciones gubernativas han establecido en términos de la ley, así  Morelos armoniza sus leyes con lo dispuesto en la legislación general de la República como ya ha sucedido en otros 17 estados. Debemos ponernos al día en materia sanitaria en beneficio de la población y especialmente de las mujeres.